Sorcha Edwards es la secretaria general de Housing Europe, la Federación Europea de vivienda pública, cooperativa y social. La principal misión de esta agrupación de entidades sociales es trabajar para que todos los ciudadanos europeos tengan una vivienda digna que les permita alcanzar su máximo potencial, especialmente aquellos que residen en las áreas más desfavorecidas. Como responsable de las relaciones institucionales de Housing Europe, ella es la voz y el rostro en Bruselas de un lobby que lucha desde hace treinta años para promover políticas de vivienda inclusiva y una transición energética justa en la UE y en toda Europa.
 

¿Cuál es hoy en día el principal problema de la vivienda en Europa?

Que sea asequible. Sin ninguna duda.

¿Es un problema que afecta de igual modo a todos los países?

Afecta a la mayoría de las grandes capitales europeas. Hay una brecha, que cada vez es mayor, entre el aumento de los ingresos y el aumento de los precios de la vivienda. Pero la gran dificultad a la que nos enfrentamos es la falta de vivienda asequible en los lugares donde existen oportunidades educativas y laborales.
 

¿A qué se refiere?

A que no se trata solo de tener un techo sobre tu cabeza, sino de tenerlo en un lugar donde tú puedas acceder a los servicios, la formación y el empleo que necesitas para alcanzar tu máximo potencial. Ahí es donde está la brecha más importante. 

Estamos viendo como los estudiantes tienen que rechazar las plazas universitarias que han logrado porque no hay alojamiento para ellos en las grandes ciudades, o no pueden hacer frente a su coste. Lo mismo pasa con los profesores o los profesionales de la salud, que tienen que renunciar a oportunidades laborales porque no pueden encontrar una vivienda asequible en el lugar que surge el puesto de trabajo. Y esto cuesta mucho dinero a los Estados.
 

¿Cuál es la relación entre vivienda e inclusión social?

El vínculo entre las desigualdades que impiden la inclusión social y la vivienda se establece desde un nivel muy elemental. Son dos conceptos que se refuerzan mutuamente: cuando se tiene una mala vivienda en un barrio malo, es más difícil acceder a una buena educación y a un buen empleo, y por tanto progresar. Y esta desventaja se transmite de generación a generación. La manifestación más extrema de esto son los desahucios.

Existen datos que demuestran que cuesta más dinero desahuciar a alguien que mediar con los residentes que tengan deudas. Así que, para mejorar la situación, también se tendrían que cambiar las leyes.

¿Qué tipo de gente está siendo excluida del mercado de la vivienda?

Hoy en día ya no hablamos de desahucios relacionados con el comportamiento antisocial, o de personas sin hogar por culpa de sus adicciones, sino de falta de vivienda por motivos económicos. Es un fenómeno creciente, y el coste humano y social es muy grande, porque ya no afecta solo a los grupos sociales desafavorecidos sino también a los grupos de población con ingresos medios. 

Cada vez más una parte mayor de la población es vulnerable en cuanto al mantenimiento de su vivienda, y esto es un fracaso del mercado inmobiliario: no ofrece viviendas en la cantidad y precio adecuados. Por eso necesitamos hacer las cosas de manera diferente.

¿Cómo definiría una vivienda asequible adecuada?

Aunque no hay estándares consensuados para referirse a esta cuestión, nosotros usamos el indicador de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea: «cuando la gente no destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda».

En este 40%, por supuesto, está incluido el coste de la energía. Por tanto, necesitamos una mejor legislación a nivel europeo en lo que se refiere a la eficiencia energética. En 2020, la construcción de viviendas precarias debería ser inexistente. Deberían construirse viviendas muy eficientes energéticamente, con todas las necesidades cubiertas mediante las energías renovables.

En su opinión ¿habría que cambiar las normas?

Es obvio que el entorno regulatorio debe ser mejorado. Se necesita, por ejemplo, una normativa más estable en el mercado del alquiler, porque si hay falta de protección, tanto para los propietarios como para los inquilinos, el alquiler no será una opción asequible a largo plazo.

Sin embargo, aunque el cambio en las regulaciones es importante, también es insuficiente. Es solo una pequeña parte del rompecabezas. Hay muchas otras actuaciones necesarias. Por ejemplo, se ha de intervenir también en el lado de la oferta, fomentando la construcción de más viviendas asequibles de alquiler.

¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de los ciudadanos?

La movilización ciudadana es un punto clave en este sentido. El debate sobre el acceso a una vivienda digna está presente en toda Europa. En el Reino Unido hace años que se habla de la generation rent. Se refiere a una generación que, si no hacemos cambios radicales, nunca tendrá una casa en propiedad.

Pero hoy vemos que en muchos países hay gente que se está rebelando ante esta situación. Están surgiendo movimientos desde la comunidad, a menudo liderados por jóvenes, que empiezan a actuar en sus barrios contra fenómenos como la gentifricación o el alza de los precios de las viviendas. Estos ciudadanos deben ser escuchados, y se les ha de apoyar. En algunas capitales europeas ya se están haciendo grandes progresos para paliar las consecuencias de la aparición de plataformas como Airbnb. El siguiente paso es que intervengan los reguladores de la UE, del mismo modo que actuaron en otras cuestiones que estaban fuera de control, como por ejemplo los cargos por roaming. Creo que esto llegará pronto. 

Por otra parte, en Europa ya hay muchas organizaciones que construyen viviendas de calidad y asequibles sin ánimo de lucro. Housing Europe trabaja codo con codo con estos colectivos, ya sean empresas de construcción públicas, entidades sociales, cooperativas de iniciativa ciudadana o community land trusts (fondos de inversión comunitarios que proveen de viviendas asequibles en propiedad en lugares donde el suelo se mantiene a un precio inferior al del mercado).

¿Podría proporcionarnos algunas cifras para entender la dimensión de este tipo de iniciativas?

Nuestra asociación representa a 43.000 proveedores de vivienda en 24 países. Juntos administran más de 26 millones de hogares, aproximadamente el 11% de las viviendas existentes en Europa. Todos los países europeos tienen este tipo de organizaciones, y en algunos de ellos hay una fuerte tradición, que se remonta a más de cien años. 

Se trata de organizaciones que realmente están construyendo viviendas asequibles y de calidad sin ánimo de lucro. Por tanto, tienen que formar parte del puzle que conforma el sector de la vivienda. Por supuesto, dentro de un marco regulado. 

Por ejemplo, en Austria, las cooperativas de construcción sin fines de lucro construyeron el 18% de las viviendas en todo el país el pasado año. Y en Suecia, las cooperativas o empresas municipales de vivienda representan el 21% de los hogares.

¿Existen este tipo de organizaciones en España?

Sí. La mayoría son de carácter público. Pero en este entorno de dificultades económicas las organizaciones públicas adolecen de problemas de financiación: no hay suficientes subvenciones, hay recortes presupuestarios… Y por otro lado, la mayor parte de la vivienda protegida en España es de venta, así que hay problemas de stock de viviendas de alquiler protegido. 

Han surgido diversas iniciativas, pero no obtienen suficiente apoyo, ya sea porque no tienen acceso a suelo o bien porque no logran la financiación adecuada durante un período prolongado de tiempo. Sin duda, esta parte de la oferta tiene que crecer en España y en toda Europa, pero tal vez haya que esperar un tiempo para que se den las condiciones adecuadas para construir más viviendas sin ánimo de lucro.

¿Hay evidencias que demuestren que la vivienda asequible y adecuada es una inversión atractiva?

Sí, las hay. Recientemente hemos colaborado en un estudio de una agencia independiente vinculada a la UE que evalúa cuánto le cuesta a la economía europea tener viviendas inadecuadas. La estimación es que el coste de no invertir en vivienda se eleva a 194.000 millones de euros cada año. 

Una de las partes más importantes es el coste relacionado con la sanidad. Tener malas viviendas repercute terriblemente en la salud de las personas. Quienes residen en viviendas demasiado calurosas, o demasiado frías, acaban enfermando. Y entonces los sistemas sanitarios públicos de los Estados tienen que asumir el coste de asistencia a estos enfermos. 

Por otro lado, hay organizaciones con las que colaboramos que calculan cuánto ahorran a la economía las viviendas de buena calidad. Y lo hacen prestando atención a distintos criterios. Por ejemplo, cuánto dinero podrían destinar los ciudadanos a la economía local –y, por tanto, a fomentar el comercio–, si no tuvieran que destinar la mayoría de sus ingresos al alquiler de su vivienda. 

Otro ejemplo: ¿cuánto se podrían ahorrar las Administraciones Públicas en el sistema de cuidados si una persona mayor pudiera permanecer durante más tiempo en su hogar? Muchísimo dinero. Pensemos incluso en cosas tan simples y cotidianas como los sobrecostes asociados a las noches adicionales de hospitalización cuando alguien tiene una enfermedad, un accidente o una lesión. Los Estados ahorrarían millones de euros por cada noche de cama en un hospital si hubiera viviendas con las condiciones adecuadas para atender a pacientes ya curados.

¿Es usted optimista con el futuro?

Yo diría más bien que estoy esperanzada. No me atrevo a usar la palabra optimista. Lo principal es tener una visión común muy clara sobre el futuro que queremos para nuestras ciudades: que tengan los servicios necesarios para que la gente pueda desarrollar todo su potencial, ya sean estudiantes, profesores, enfermeros, familias inmigrantes o niños; que sean inclusivas; que se tengan en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible; que haya justicia social; y que se respete el medio ambiente.

Hemos de lograr que se incorpore a esta idea cuanta más gente sea posible: proveedores de vivienda sin ánimo de lucro, cooperativas, empresas de vivienda pública, pero también las ciudades y sus ciudadanos. Y tenemos que expresar estas ideas en términos económicos, para persuadir a los inversores de que este es el camino que han de seguir para sus negocios.

Entrevista por Juan Manuel García Campos