En Barcelona, la irrupción de estas plataformas se asocia por parte de algunos ciudadanos a un aumento excesivo de los precios del alquiler, lo que ha provocado que los vecinos hayan empezado a organizarse para defenderse ante los cambios que afectan a sus barrios y que el Ayuntamiento haya paralizado la concesión de licencias para pisos turísticos. ¿Es algo que veremos en otros países?
Creo que estos movimientos tienen sentido dentro de una sociedad, porque las ciudades están perdiendo su capacidad de regular donde vive la gente. Este poder empieza a traspasarse a grandes compañías que tienen su sede en Silicon Valley, apenas están reguladas y no pertenecen a ningún país o ciudad, aunque operen allí. Por tanto, no comparten las mismas leyes ni los mismos intereses que tú puedas tener como habitante de Barcelona. Creo que deberíamos ser mucho más conscientes del espacio público que estamos cediendo a esas plataformas.
Es necesario recuperar los valores públicos. Es algo que está comenzando a hacerse en los últimos años. El Ayuntamiento de Ámsterdam ya ha tomado algunas medidas: por ejemplo, ha limitado de 60 a 30 los días que un propietario puede alquilar su apartamento a través de las plataformas online. Y quiere reducirlo a 10 días en las zonas del centro de la ciudad, donde casi todos los alojamientos disponibles pertenecen a Airbnb. Y a cambio, ampliarlo a 60 días o más en las afueras, donde no hay tanta densidad.
Por tanto, se debe negociar con esas plataformas para defender el espacio público y a toda la gente lo usa. Pero primero es necesario determinar cuáles son nuestros valores públicos y qué derechos queremos defender como ciudadanos.
Pero este intento de regular el sector no está libre de críticas, sobre todo en países como España, donde el turismo es un sector muy importante.
Claro, el turismo es una gran fuente de ingresos. Hay ciudadanos que se ganan la vida alquilando su vivienda en Airbnb. Pero esto es una fuente de problemas para otros, que tienen que soportar las consecuencias del turismo de masas o ver que los alquileres crecen de manera exponencial en su barrio. Debemos hacer frente a todas estas consecuencias como comunidad.
Con todos los respetos, Airbnb es una plataforma excelente en lo que hace, pero no está regulada. No tiene interés en los ciudadanos. Solo le interesan los beneficios, como al resto de las plataformas. Y justamente es esa negociación de los valores públicos lo que más me interesa. ¿Cómo hemos permitido que estas plataformas se instalen en nuestra sociedad sin plantearnos qué es lo que necesitamos proteger como ciudadanos en cuanto valores públicos de una sociedad democrática?
Las mesas de negociación tendrán que incluir representantes de todos los grupos de interés, sin los cuales esas empresas no pueden operar…
Cada situación es distinta. Existen varios niveles de negociación y cada uno de ellos es importante. Debemos pensar en instituciones como las escuelas, por ejemplo. Las escuelas deben negociar de qué manera permiten que las plataformas entren en el sistema educativo. Desde las instituciones hay que decidir si permitimos o no que Google entre en las aulas ¿Queremos que los alumnos usen servicios como Google Docs? Es una decisión importante porque entran en juego cuestiones como la privacidad.
Luego está el nivel local: ciudades como Barcelona o Ámsterdam deben negociar directamente con plataformas como Uber o Airbnb.
Después viene el nivel nacional. Los países están obligados a negociar constantemente con esas plataformas porque actúan como proveedores de parte de la infraestructura nacional. Pensemos en los sistemas nacionales de radiodifusión, por ejemplo. Los canales de televisión públicos antes estaban limitados a la esfera nacional o regional; ahora Google, Facebook, Youtube y otras plataformas se han ido apropiando también de ese espacio público.
Y a nivel internacional o supranacional, Europa tiene que ejercer un papel muy importante. Europa debería crear un contrapoder para plantar cara a ese poder global que proviene de Silicon Valley.
Ya se ha hecho algo así con el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Primero se intentó regular la protección de datos desde un punto de vista únicamente nacional, pero nos encontramos ante una amalgama de políticas de privacidad nacionales, por lo que tenía más sentido una normativa europea común como la que acaba de entrar en vigor este año.
Así pues, desde cada uno de esos niveles debemos ver cómo podemos negociar con esas plataformas.
¿Cree que los responsables políticos y legislativos tienen en cuenta las recomendaciones que llegan desde las instituciones académicas o universidades como la suya?
Cada vez más. Hasta 2016 no se había reflexionado realmente sobre el tema. Pero 2017 fue el año del cambio, en especial a raíz del escándalo que supuso la responsabilidad de Facebook en la filtración de datos que supuestamente afectó al resultado de las elecciones en Estados Unidos. Me temo que a partir de entonces a nuestros responsables políticos les entró un poco de pánico. Se han dado cuenta de que esas plataformas están cambiando el propio tejido de nuestra democracia.
A lo largo de los últimos meses, responsables de distintas áreas de la Administración han comenzado a pedirme ayuda y consejo: ¿Cómo podemos negociar con las plataformas? ¿Cómo podemos hacer que los valores públicos sean prioritarios? ¿Cómo podemos ofrecer diferentes soluciones? Estas preguntas son cada vez más frecuentes. Así que soy optimista y creo que los gobiernos y los reguladores se están dando cuenta de la necesidad de negociar con estas plataformas.
Por último, ¿cree que esta evolución hacia la «sociedad de las plataformas» ha contribuido a ampliar o a reducir la brecha digital, especialmente si pensamos en personas en riesgo de exclusión social que a menudo no tienen acceso a las nuevas tecnologías o no entienden su uso?
La brecha digital se está ampliando a causa del poder que están acumulando las cinco grandes compañías. Además, es una brecha que aumenta a distintos niveles. Por un lado, las desigualdades son más grandes entre la gente que usa las nuevas tecnologías y quienes no tienen acceso a ellas.
Pero también está surgiendo una brecha tecnológica. Estas plataformas son cada vez más sofisticadas. Cada vez es más difícil entender cómo funcionan, porque se introducen tecnologías como la inteligencia artificial, complejos algoritmos, etcétera. Son sistemas extremadamente complicados. Conocer cómo funcionan solo está al alcance de unas pocas personas muy bien informadas y con unas habilidades tecnológicas especiales.
Entender los algoritmos de Facebook o de Google, que básicamente definen las noticias que te llegan, se ha convertido en una especie de privilegio en nuestra sociedad. Esta gran brecha de conocimiento entre la gente que tiene el poder de distribuir los contenidos –y de definir qué vamos a ver en primer lugar o qué no vamos a ver en ningún caso– y el resto de la gente, que simplemente están en la posición de aceptar lo que ven, me parece muy preocupante.
De ahí que nos cuelen tantas noticias falsas…
El debate sobre el hate speech (el discurso del odio) y las fake news (noticias falsas) es extremadamente importante. Las noticias falsas no son simplemente algo creado en alguna parte y que vemos por casualidad. Es todo un entramado de distribución dirigido que decide qué nos llega y qué no. Esta clase de poder lo maneja un puñado de grandes plataformas cuyo funcionamiento es cada vez más difícil de comprender.
En definitiva, hay una brecha de conocimiento que comporta una brecha de poder. Y esto es algo que definitivamente tenemos que abordar.
The Platform Society. Public Values in a Connective World
José van Dijck, Thomas Poell, and Martijn de Waal
Oxford University Press (2018)
Entrevista por Juan Manuel García Campos
