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El debate parlamentario sobre la prestación de ingresos mínimos

Belén Santa Cruz Díez, Economista y periodista

El 21 de abril de 2015, los sindicatos CCOO y UGT registraron en el Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular en demanda de una prestación de ingresos mínimos con el apoyo de 700.000 firmas. Nacía así una iniciativa para tramitar una proposición de ley que reforzase la protección de los ciudadanos, especialmente de los desempleados de larga duración y sus familias. Y se abría un debate político, en el que han participado expertos de diversos ámbitos, en torno a la renta mínima, incluso yendo mas allá y extendiendo la discusión hacia otras alternativas como la renta básica y subrayando la necesidad de revisar nuestro actual mapa de protección social. Un debate con cierto consenso en el diagnóstico de la situación y en la necesidad de contar con nuevos instrumentos de protección social, pero con visiones muy diferentes respecto a la inspiración de la prestación de ingresos mínimos, su finalidad, viabilidad económica, ámbito competencial, etcétera.
Puntos clave
  • 1
       La iniciativa legislativa popular nace porque la sociedad percibe cada vez más la inadecuación de nuestro actual sistema de garantía de rentas para hacer frente a situaciones de necesidad, ante los incrementos de la desigualdad y la amenaza que suponen los cambios asociados a la revolución tecnológica.
  • 2
       Para los sindicatos, el sistema actual es tremendamente ineficiente en el combate de la desigualdad, siendo necesario transitar hacia un sistema de garantía de rentas.
  • 3
       Esta proposición de ley se puede analizar desde un enfoque más asistencial o desde una concepción de derecho subjetivo que tiende a la universalidad y la incondicionalidad.
  • 4
       Estamos ante una política social más avanzada que salga de la mirada más asistencial y promueva la libertad y la autonomía de las personas.
  • 5
       Es fundamental la colaboración entre los distintos estamentos administrativos, pasando de las incompatibilidades a la cooperación.
  • 6
       ¿Si se trata de proteger a personas y familias en situación de necesidad, son 12.000 millones de euros un coste elevado?

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